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Alguien miente en el gabinetazo: ¿Será la Sevitra o la Contraloría?

Para justificar el emplacamiento vehicular por parte de la Secretaría de Finanzas y la expedición de permisos y licencias de conducir por la de Seguridad Pública, la Sevitra dijo que aún no se realizaba la entrega-recepción de las dependencias, ayer la Contraloría los desmintió

Noemí López Cristóbal/Despertar

En la respuesta de la Contraloría a la duda de la ciudadana Lucila Fernández Ruiz queda clara una cosa: Hay tanta desidia, incompetencia y abandono en el gabinete del “gobierno del cambio”, que la mentira es el mejor escudo para la inactividad.

Como lo ha documentado DESPERTAR de Oaxaca, el siete de septiembre pasado, Fernández Ruiz solicitó a la Sevitra le informara por qué la Dirección General de Tránsito, oficina dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, seguía expidiendo los permisos provisionales y las licencias de conducir, y la Secretaría de Finanzas continuaba otorgando los servicios de emplacamiento, cuando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las reformas a la Ley de Tránsito estatal autorizan a la dependencia de Vialidad y Transporte asumir tales funciones.

En la respuesta, el secretario particular del titular de Sevitra, Iñigo Valdés Sainz, le respondió:

“No obstante que de acuerdo a las facultades otorgadas a esta Secretaría, relativas a la emisión de permisos y emplacamiento vehicular en el estado, le informo que actualmente el Departamento de Emplacamiento Vehicular sigue a cargo de la Secretaría de Finanzas y el departamento para expedición de permisos para circular a particulares a la Dirección de Tránsito del Estado, ya que aún estamos en el proceso administrativo de entrega-recepción material y formal de dichas dependencias a esta Secretaría, precisando que la Sevitra todavía no emite permisos para circular a vehículos particulares. Por tanto, esta dependencia se encuentra impedida para responder a sus peticiones, sugiriéndole las reencauce a las instituciones antes mencionadas.”

Con el conocimiento que la ley respectiva da un plazo perentorio de diez días hábiles para efectuar todos los trámites de entrega-recepción de las dependencias, la solicitante se dirigió a la Secretaría de la Controlaría y Transparencia Gubernamental, el 18 de septiembre, solicitando la información de la fecha en que se efectuó la entrega-recepción o, de no haberlo hecho, el tiempo en que la tendrían programada.

Ayer le contestaron, con un oficio fechado el 11 de octubre, donde la licenciada Perla Woolrich, secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental le informa que: “En cumplimiento del Segundo Transitorio del Decreto 1073 publicado en el Periódico Oficial del Estado Segunda Sección del 10 de marzo de 2012, la Coordinación General de Transporte del Estado de Oaxaca y todos los recursos materiales, financieros y humanos que venía ejerciendo, se trasfieren a la Secretaría de Vialidad y Transporte, la cual fue creada mediante el decreto antes mencionado, llevándose a cabo la entrega-recepción de dicha dependencia el 18 de abril de 2012”.

En otras palabras, alguien miente, porque la Sevitra, el 11 de septiembre, argumenta que no puede expedir permisos ni licencias de conducir, mucho menos placas, porque no se ha dado el proceso de entrega-recepción de los departamentos respectivos, mientras que la Secretaría de la Contraloría manifiesta, en un escrito oficial, que la famosa entrega-recepción se efectuó el 18 de abril, un poco desfasada en los tiempos que marca la ley, pero ya está hecha.

Lo único cierto es que, contraviniendo todas las disposiciones legales que ha emitido el “gobierno del cambio”, la Secretaría de Finanzas, donde despacha Gerardo Cajiga Estrada, sigue controlando y cobrando por los servicios de emplacamiento de los vehículos de la entidad, y la Dirección General de Tránsito estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, sigue cobrando y otorgando los permisos provisionales para circular y emite las licencias de conducir.

Con la respuesta de la Secretaría de la Contraloría se pueden configurar los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones por parte de los secretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga, de Seguridad Pública, Marco Tulio López, y del director de Tránsito, Óscar Noé Martínez Morales, mientras que el caso del secretario de Vialidad y Transporte hay omisión para exigir y ejercer sus funciones, denunció Fernández Ruiz.

Por eso, en su opinión, la Cámara de Diputados debe iniciar un juicio político contra estos funcionarios públicos para exigir su inmediata destitución, porque unos están expidiendo y cobrando por documentos ilegales, mientras que el titular de la Sevitra cobra sin ejercer sus funciones legales.

La demandante adelantó que acudirá ante las otras instancias legales del estado, para hacer regresar el Estado de derecho en una entidad que tanto necesita del respeto a las leyes, y que quienes tienen la obligación de hacerlas cumplir deben ser los primeros en acatarlas.

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