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Ilegalidad, impunidad y fuero parlamentario

En las democracias constitucionales, el fuero parlamentario es la garantía legal de la inviolabilidad de las expresiones y la imposibilidad (mientras detenten el cargo) de someter a los tribunales penales a los diputados y senadores, como representantes de la soberanía popular

Esta garantía permite hacer las críticas y denuncias al gobierno, para permitir el control difuso del poder público. Sin esta garantía la división de poderes estaría amenazada y, eventualmente, se perseguiría a los parlamentarios disidentes de las acciones del gobierno.

Desgraciadamente, tenemos muchos ejemplos negativos de cómo la obtención de un escaño legislativo tiene fines distintos al bien común y la representación de la soberanía popular, como los casos de los diputados Julio César Godoy Toscano y Jorge Franco Vargas, el primero relacionado con el crimen organizado, el segundo por sus abusos de autoridad.

El fuero parlamentario no debe servir para la impunidad, es base de la oposición democrática, que limita y controla el poder político desde el poder público, bajo el principio de la división de poderes.

Jorge Franco Vargas ha sido beneficiario, en dos ocasiones, de las bondades de una diputación plurinominal, que le han permitido evadir la acción de la justicia, que le han otorgado la confianza de no ser aprehendido por las autoridades de procuración y administración de la justicia (local y federal), sin mencionar el acceso al Poder Legislativo, sin el esfuerzo y mérito en las urnas.

La ilegalidad e impunidad van de la mano, la certeza de que el sistema judicial no funciona ha hecho que los abusos de autoridad no se castiguen, como en el caso del ex gobernador y ex secretario de gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, quien como diputado federal plurinominal del PAN, se encargó que los juicios políticos que se encontraban a su cargo no avanzaran, por arreglos del poder.

El tráfico de favores y negocios, tanto para Diódoro Carrasco Altamirano como para Jorge Franco Vargas, se han convertido en modus vivendi; por eso el afán del primero en lograr un escaño en el Senado. Es contradictorio que hoy se califique a Vicente Fox de canalla, cuando el entonces diputado Carrasco Altamirano, evadió su responsabilidad al obstaculizar que la subcomisión de examen previo dictaminará la solicitud de juicio político contra Vicente Fox Quesada. Es lamentable, pero hay personajes que no saben de congruencia.

Diódoro Carrasco Altamirano es un farsante, autoritario y déspota que cae en la cólera cuando la realidad no le favorece, cuando le contradicen. A nadie engaña con su faceta de pseudo intelectual calumnista (sic, columnista), que tergiversa los hechos y olvida su pasado represor en la región Loxicha por su guerra ficticia contra el EPR, por los que el mismísimo Gabino Cué tuvo que ofrecer disculpas por sus actos criminales.

Carrasco Altamirano está acostumbrado a la ilegalidad, por eso lo mismo violenta la contienda electoral con una entrevista a modo en la televisora oaxaqueña, que negocia las preguntas del debate con la moderadora, igual compromete por escrito su apoyo para el pago a los defraudados de las cajas de ahorro, cuando simultáneamente el gobernador Cué Monteagudo anuncia el pago a los defraudados.

A Jorge Franco Vargas, los días y las horas lo hacen vulnerable a la justicia; para Diódoro Carrasco, los días y las horas se hacen eternas en su ansía por el poder, que le permita vivir en la ilegalidad y la impunidad. Ambos están cortados con la misma tijera, ambos son producto de las recomendaciones de sus padres, ambos están juntos y son la misma cosa.

La democracia verdadera necesita depurar la política, esperemos que Gabino Cupe cumpla con su deber e instruya el esclarecimiento de los desaparecidos, responsabilidad absoluta de Franco Vargas: no, como parece, le asegure impunidad por su apoyo electoral en su campaña para ser gobernador, y ahora, al Senado con el PAN a favor de Diódoro Carrasco Altamirano.

De continuar en este esquema, tendrán la razón todos los que están acusando al actual gobierno de ser de la alternancia, pero no de la transición, porque, con asesores como Diódoro y operadores como Jorge Franco, el gobierno aliancista está reproduciendo lo peor de lo que criticó de los gobiernos priistas. Por eso, como dijo el padre Uvi: Estábamos mejor, cuando estábamos peor.

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